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Boletin No. 10
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIAS 2019

BOLETIN No. 10

 

 

Sentencia C-593/19. Referencia: Expediente D-13260. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". M. S. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

RESUELVE

 

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018.

 

Artículo 21. Adiciónese el artículo 512-22 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 512-22. Impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.

[...]

 

 

Sentencia C-590/19. Referencia: Expediente D-13200. Acción Pública de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 1922 de 2018 "Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la JEP". M. S. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

RESUELVE:

 

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 1922 de 2018.

 

Artículo 7°. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional. En los procedimientos de competencia de la JEP en los que los comparecientes sean o hayan sido miembros de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa Nacional podrá intervenir.

 

 

Sentencia C-569/19. Referencia: Expediente D-13178. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 021 de 2014 "[p]or el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas". M. P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

RESUELVE

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud de la demanda, respecto del cargo de inconstitucionalidad planteado contra la frase "[L]a aplicación del indubio (sic) pro reo no origina derecho al reconocimiento y pago de la indemnización", incluida en el numeral 2 del artículo 85 del Decreto Ley 021 de 2014, "[P]or el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas".

 

Artículo 85. Pago de salarios por reintegro de servidor suspendido.

[...]

2. Cuando sea absuelto o exonerado, mediante providencia debidamente ejecutoriada. La aplicación del indubio pro reo no origina derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.

 

 

Sentencia C-560/19. Referencia: expediente D-13199. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 66 y 101 (parciales) de la Ley 1952 de 2019, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario." M. P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Respecto de la expresión "grave", contenida en el artículo 52 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), declarar ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-181 de 2002, que declaró inexequible la expresión "grave" que figuraba en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995 y, en consecuencia, declarar INEXEQUIBLE la expresión "grave", contenida en el literal b) del numeral 1 del artículo 52* del CGD.

 

SEGUNDO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad de la expresión "y el tercer inciso del artículo 178 A", contenida en el artículo 66** de la Ley 1952 de 2019 (CGD), por carencia actual de objeto.

 

TERCERO: Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión "de la Contraloría", contenida en el artículo 101*** de la Ley 1952 de 2019 (CGD).

 

*Artículo 52. Faltas relacionadas con la infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

[...]

1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, cualquiera de los actos mencionados a continuación:

[...]

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

 

**Artículo 66. Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175; numeral 3 del artículo 178 y el tercer inciso del artículo 178 A de la Constitución Política, cuando fueren realizadas por el Presidente de la República, los Magistrados de la Comisión de Aforados, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, o de la Corte Constitucional, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y del Fiscal General de la Nación.

 

***Artículo 101. Competencia especial de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. La Sala Disciplinaria conocerá en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los siguientes servidores públicos:

[...]

Los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor de la Contraloría General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D. C., los Directores de Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Autoridad Nacional de Televisión y demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría, por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones.

[...]

 

 

Sentencia C-557/19. Referencia: expediente D-13174. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 63 de la Ley 1943 de 2018, "[p]or la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". M. P. CARLOS BERNAL PULIDO

 

RESUELVE

 

Declarar EXEQUIBLE el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones", por los cargos y las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

Artículo 63. Modifíquese el Capítulo 12 del Título XV de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

CAPÍTULO 12

De la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria

[...]

 

 

Sentencia C-553/19. Referencia: Expediente D-13233. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". M. S. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la decisión C-520 de 2019, que declaró exequible el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, "en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral y reglamentaria, pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta".

 

Artículo 33. Modifíquese el artículo 336 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 336. Renta líquida gravable de la cédula general. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas:

[...]

 

 

Sentencia C-551/19. Referencia: expediente D-13201. Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2.º del artículo 22 de la Ley 24 de 1992, el artículo 26 (parcial) de la Ley 941 de 2005 y el parágrafo 1.º del artículo 17 del Decreto Ley 25 de 2014. M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del numeral 2.° del artículo 22* de la Ley 24 de 1992 y las expresiones "previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales" y "de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal" del artículo 26** de la Ley 941 de 2005; y "vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales" del parágrafo 1.° del artículo 17*** del Decreto 25 de 2014.

 

* ARTICULO 22. La Defensoría Pública se prestará:

[...]

2. Por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como Defensores Públicos.

[...]

 

** Artículo 26. Definición. Son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2° de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal.

[...]

 

*** Artículo 17. Dirección Nacional de Defensoría Pública. Son funciones de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, las siguientes:

[...]

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo se entiende por operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública los defensores públicos vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 941 de 2005 y los abogados particulares que intervengan como defensores públicos para las excepciones previstas en la citada ley. También harán parte del Sistema, los judicantes y los estudiantes de consultorios jurídicos de las facultades de Derecho que se encuentren vinculados al servicio de defensoría pública de la Entidad, siempre que hayan suscrito contratos o convenios con la Defensoría del Pueblo.

[...]

 

 

Sentencia C-539/19. Referencia: Expedientes D-13216. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 1864 de 2017. M. S. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 15 de la Ley 1864 de 2017, por medio de la cual se adicionó el artículo 396B al título XIV (delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000-Código Penal-.

 

Artículo 15. Adiciónese el artículo 396B al Título XIV (Delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así:

Artículo 396B. Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

 

 

Sentencia C-513/19. Referencia: Expediente D-13012. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones". M. S. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

Declarar EXEQUIBLES los incisos 3 y 4 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", en relación con los cargos examinados en esta providencia.

 

Artículo 154. De los recursos. [...]

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

[...]

 

 

Sentencia C-482/19. Referencia: Expedientes D-13171 y D-13179 (acumulados). Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1943 de 2018 "Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". M. P. DIANA FAJARDO RIVERA

 

RESUELVE

 

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-481 de 2019, por medio de la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones".

 

 

Sentencia C-443/19. Referencia: Expediente D-12981. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 121 (parcial) del Código General del Proceso. M. S. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

PRIMERO.-DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de la expresión "de pleno derecho" contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso

 

SEGUNDO.-DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso 2 del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia.

 

TERCERO.-DECLARAR LA EXEQUBILIDAD CONDICIONADA del inciso 8 del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales.

 

Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

Parágrafo. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

 

 

Sentencia C-293/19. Referencia: Expediente D-12489. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 43 (parcial) y 44 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía". M. P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

PRIMERO.-INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 43 y 44 de la Ley 1801 de 2016 dentro del expediente D-12489, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Artículo 43. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución. Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones:

[...]

 

Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio de la prostitución. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por las personas que ejercen la prostitución:

[...]

 

 

Sentencia C-291/19. Referencia: Expediente D-12933. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia". M. P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

PRIMERO.-ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-204 de 2019, en relación con los parágrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos por el desconocimiento de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad y de la garantía de inviolabilidad del domicilio.

 

SEGUNDO.-INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los parágrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos por la presunta violación de los artículos 13, 14, 26, 29, 38, 39 y 58 de la Carta Política, por carencia actual de objeto y por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Artículo 86. Control de actividades que trascienden a lo público.

[...] 

Parágrafo 1º. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente Código.

Parágrafo 2º. Facúltese a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan.

 

 

Sentencia C-233/19. Referencia: Expediente D-12960. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 389A de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal". M. S- LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

RESUELVE

 

DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD del artículo 389A del Código Penal, por los cargos analizados.

 

Artículo 389A. Adicionado por la Ley 1864 de 2017, artículo 5º. Elección ilícita de candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

 

Sentencia C-232/19. Referencia: Expediente D-12738. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016, "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones". M. S. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

Artículo 15. Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.

[...]

 

 

Boletin No. 10

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