Visítenos en www.lexbase.com
Boletin No. 67
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - COMUNICADO DE PRENSA No. 42

BOLETIN No. 67

 

 

COMUNICADO No. 42

Octubre 22 de 2019

 

AL EFECTUAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN DEMANDADA, LA CORTE DETERMINÓ LA CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, POR LO QUE RESOLVIÓ ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-443 DE 2019 Y DECLARARSE INHIBIDA PARA PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

 

I. EXPEDIENTE D-13072 - SENTENCIA C-488/19 (octubre 22) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Norma demandada

 

LEY 1564 DE 2012 (julio 12) Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones

[...]

Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

 

Decisión

 

Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso, "en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente solo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia".

 

Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión "de pleno derecho" contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, "en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso".

 

Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del inciso octavo del artículo 121 del Código General del Proceso, "en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales".

 

Cuarto. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los incisos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo y el parágrafo del artículo 121 del Código General del Proceso, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

LA PROHIBICIÓN DE "PROMOVER" O "FACILITAR" EL USO U OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN VIOLACIÓN DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, NO SE PREDICA DE QUIEN ADQUIERE O CONSUME BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS POR VENDEDORES INFORMALES EN DICHO ESPACIO

 

II. EXPEDIENTE D-13112 - SENTENCIA C-489/19 (octubre 22) M.P. Alberto Rojas Ríos

 

Norma demandada

 

LEY 1801 DE 2016 (julio 29) Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

[...]

ARTÍCULO 140. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. [Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017]. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse:

[...]

6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente.

 

Decisión

 

Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones "promover" y "facilitar" contenidas en el numeral 6º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 "por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", en el entendido de que las mismas no comprenden conductas de adquirir o consumir bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en el espacio público.

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE LEGISLATIVO QUE SIGUIÓ EL PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA ACTIVIDAD DE ENTRENADOR (A) DEPORTIVO (A) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", TRAS LA SENTENCIA C-074 DE 2018. LA CORTE ENCONTRÓ QUE LAS DISPOSICIONES DEL TEXTO FUERON REHECHAS E INTEGRADAS DE FORMA CONCORDANTE CON LA SENTENCIA C-074 DE 2018, A EXCEPCIÓN DEL NUEVO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 9°, POR LO QUE ORDENÓ DEVOLVER AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL PROYECTO DE LEY, CON EL FIN DE QUE REHAGA E INTEGRE ESTE ARTÍCULO

 

III. EXPEDIENTE OG-157 - SENTENCIA C-490/19 (octubre 22) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Texto rehecho de la norma objetada

 

Ley No. _______

Por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones.

[...]

 

Decisión

 

Primero. DECLARAR cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, así como lo dispuesto por la sentencia C-074 de 2018, en relación con los artículos 8 (parágrafo), 11 (primer inciso y numeral 3) y 13 del proyecto de Ley No. 104 de 2015 (Cámara) y 166 de 2016 (Senado), "por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones". En consecuencia, DECLARAR EXEQUIBLES tales artículos en relación con las objeciones analizadas en esta sentencia.

 

Segundo. DECLARAR incumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, así como lo dispuesto por la sentencia C-074 de 2018, en relación con el artículo 9 del proyecto de Ley No. 104 de 2015 (Cámara) y 166 de 2016 (Senado), "por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones". En consecuencia, DEVOLVER el expediente contentivo de dicho proyecto de Ley al Congreso de la República, con el fin de que rehaga e integre dicho artículo de conformidad con la sentencia C-074 de 2018 y con la presente decisión. Una vez finalizado procedimiento legislativo, el Congreso debe remitir el expediente legislativo nuevamente a esta Corte para fallo definitivo.

 

 

EL CONVENIO ENTRE COLOMBIA Y EL REINO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN CIERTOS IMPUESTOS Y EVITAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA Y SU PROTOCOLO, RESULTAN COMPATIBLES CON LA CONSTITUCIÓN, EN TANTO CONTRIBUYEN A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO DE DERECHO, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y DEL DESARROLLO, EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

 

IV. EXPEDIENTE LAT-456 - SENTENCIA C-491/19 (octubre 22) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Normas objeto de control

 

El "Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para evitar la evasión y la elusión tributaria" y su protocolo, suscritos en Londres el 2 de noviembre de 2016, y la Ley 1939 de 2018, "por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias'y su ‘Protocolo', suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016".

 

Decisión

 

Primero. Declarar EXEQUIBLE el Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016.

 

Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1939 de 4 de octubre de 2018, "Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión tributarias'y su ‘Protocolo', suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016".

 

 

LA CORTE DECLARÓ LA COMPATIBILIDAD CON LA CONSTITUCIÓN, DEL CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS Y LOS TÉRMINOS DE ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE, EN TANTO CONTRIBUYEN A LA MATERIALIZACIÓN DE LA PARTE DOGMÁTICA (VALORES, PRINCIPIOS Y DERECHOS) Y LA ORGÁNICA (ESTRUCTURA DEL ESTADO Y COMPETENCIAS) DE LA CONSTITUCIÓN

 

V. EXPEDIENTE LAT-457 - SENTENCIA C-492/19 (octubre 22) M.P. José Fernando Reyes Cuartas

 

Normas objeto de control

 

LEY 1950 DE 08 DE ENERO DE 2019, por medio de la cual se aprueba el "acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la convención de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos", suscrito en París, el 30 de mayo de 2018 y ii) la "convención de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos", hecha en París el 14 de diciembre de 1960.

 

Decisión

 

Declarar EXEQUIBLES el "Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos" suscrito en París el 30 de mayo de 2018, y la "Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos" hecha en París el 14 de diciembre de 1960, así como la Ley 1950 de 08 de enero de 2019 por medio de la cual se aprueban tales instrumentos internacionales.

 

 

LA CORTE DECLARÓ AJUSTADO A LA CONSTITUCIÓN, EL SISTEMA DE RECAUDO TRIBUTARIO SIMPLE, COMO MECANISMO PARA ESTIMULAR LA FORMALIZACIÓN, EVITAR LA EVASIÓN E INCENTIVAR EL MAYOR RECAUDO TRIBUTARIO, NACIONAL Y TERRITORIAL, CUYOS BENEFICIOS COMPENSAN LA ATRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNIFICADO A FAVOR DE LA NACIÓN, RESPECTO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ACOJAN A ESTE RÉGIMEN

 

VI. EXPEDIENTE D-13094 - SENTENCIA C-493/19 (octubre 22) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Norma demandada

 

LEY 1943 DE 2018 (diciembre 28) por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones

[...]

 

Artículo 66. Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) para la formalización y la generación de empleo. Sustitúyase el Libro Octavo del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

 

Decisión

 

Declarar EXEQUIBLE el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones", por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

 

EL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA NACIONAL Y LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL MANDATO DE PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA CON LAS DEMÁS NACIONES Y LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL QUE REGULAN LA ENTRADA EN VIGOR, EL DEPÓSITO Y EL REGISTRO DE LOS TRATADOS

 

VII. EXPEDIENTE LAT-448 - SENTENCIA C-494/19 (octubre 22) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Norma objeto de control

 

El "Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio", adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y la Ley 1879 de 9 de enero de 2018, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.

 

Decisión

 

Declarar EXEQUIBLES el "Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio", adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y la Ley 1879 de 2018 por medio de la cual se aprobó dicho tratado internacional.

 

 

EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO QUE CONDUCE A QUE TODA DUDA RAZONABLE DEBE RESOLVERSE A FAVOR DEL SUJETO DISCIPLINADO, NO SURGE DE QUE NO HAYA MODO DE ELIMINAR LA RESPONSABILIDAD, PUES ESTO CONTRARIABA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

 

VIII. EXPEDIENTE D-13121 - SENTENCIA C-495/19 (octubre 22) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Norma demandada

 

LEY 1952 DE 2019 (enero 28) Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario

[...]

ARTÍCULO 14. Presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad.

 

Decisión

 

Declarar INEXEQUIBLE la expresión "cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad", prevista en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario".

 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CLARIDAD, CERTEZA Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS EN EL PRESENTE CASO, NO LE PERMITIERON A LA CORTE PROFERIR UNA DECISIÓN DE FONDO

 

IX. EXPEDIENTE D-13126 - SENTENCIA C-496/19 (octubre 22) M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

 

1.   Normas demandadas

 

LEY 1949 DE 2019 (enero 8) Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y se dictan otras disposiciones

[...]

ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 131 de la Ley 1438 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 131. Tipos de sanciones administrativas. En ejercicio de la función de control sancionatorio y en desarrollo del procedimiento que para el efecto se haya previsto, la Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita.

2.      Multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre (50) y hasta (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales.

3.      Multas sucesivas, para las personas jurídicas de hasta tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para el caso de las personas naturales de hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando en un acto administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud se imponga una obligación no dineraria y no se cumpla en el término concedido.

4.      Revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento, suspensión del certificado de autorización y/o el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios, en los eventos en que resulte procedente.

5.     Remoción de representantes legales y/o revisores fiscales en los eventos en que se compruebe que autorizó, ejecutó o toleró con dolo o culpa grave conductas violatorias de las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.

PARÁGRAFO 1o. El monto de las multas se liquidará teniendo en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la resolución sancionatoria, y el pago de aquellas que se impongan a título personal debe hacerse con recursos diferentes a los de la entidad. En el caso de que las sanciones se impongan a personas jurídicas, deberán ser asumidas con su patrimonio y en ningún caso para su pago se podrá acudir a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las multas se aplicarán sin perjuicio de la facultad de revocatoria de la autorización de funcionamiento y la remoción de los representantes legales y/o revisores fiscales cuando a ello hubiere lugar.

Cuando en el proceso administrativo sancionatorio se encuentren posibles infracciones relacionadas con el mal manejo de los recursos a cargo de personas naturales que sean sujetos vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, se iniciará proceso administrativo sancionatorio en su contra.

PARÁGRAFO 2o. Los actos administrativos expedidos en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia Nacional de Salud podrán contener órdenes o instrucciones dirigidas al propio infractor y/o a otros sujetos de inspección, vigilancia y control que tengan relación directa o indirecta con la garantía del servicio público esencial de salud en el caso, con el propósito de superar la situación crítica o irregular de que dio lugar a la investigación administrativa y evitar que la conducta sancionada se repita. El incumplimiento de dichas órdenes o instrucciones dará lugar a la imposición de las multas sucesivas a las que se refiere el artículo tercero numeral 3 de la presente ley.

PARÁGRAFO 3o. Quienes hayan sido sancionados administrativamente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 de este artículo, quedarán inhabilitados hasta por un término de quince (15) años para el ejercicio de cargos que contemplen la administración de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta inhabilidad se aplicará siempre de forma gradual y proporcional a la gravedad de la conducta.

La Superintendencia Nacional de Salud adoptará los criterios técnicos y jurídicos necesarios para la adecuada dosificación de la inhabilidad.

PARÁGRAFO 4o. Cuando proceda la sanción determinada en el numeral 5 del presente artículo, el reemplazo o designación del nuevo representante legal y/o revisor fiscal removido, estará a cargo de la misma entidad a quien le competa realizar el nombramiento, conforme a la normatividad que regule la materia.

PARÁGRAFO 5o. Las sanciones administrativas impuestas no eximen de la responsabilidad civil, fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar.

PARÁGRAFO 6o. Para efectos de la imposición de las sanciones acá previstas, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará el proceso administrativo sancionatorio establecido en el artículo 128 de la Ley 1438 de 2011, a excepción de las sanciones derivadas de la conducta descrita en el numeral 10 del artículo 3o de esta ley, la cual solo será excusada por evento de fuerza mayor, que deberá ser acreditada por el infractor dentro de los 5 días hábiles siguientes a su ocurrencia. La Superintendencia Nacional de Salud diseñará un procedimiento y una metodología sancionatoria para la imposición de sanciones por el incumplimiento en el reporte de información.

ARTÍCULO 3o. Modifíquese el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 130. Infracciones administrativas. La Superintendencia Nacional de Salud impondrá sanciones de acuerdo con la conducta o infracción investigada, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así:

1.      Infringir la Ley 1098 de 2006 en lo relativo a la prestación de servicios de salud.

2.      No dar aplicación a los mandatos de la Ley 1751 de 2015, en lo correspondiente a la prestación de los servicios de salud.

3.      Aplicar preexistencias a los afiliados por parte de la Entidad Promotora de Salud.

4.      Impedir u obstaculizar la atención de urgencias.

5.      Incumplir las normas de afiliación o dificultar dicho proceso.

6.      Incumplir con los beneficios a los cuales tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, en especial, con la negociación de los medicamentos, procedimientos, tecnologías, terapias y otros que se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

7.      Impedir o atentar contra la selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del empleador y, en general, por cualquier persona natural o jurídica.

8.      La violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

9.      Efectuar por un mismo servicio o prestación un doble cobro o pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

10.  Efectuar cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos inexactos o suministrando información falsa.

11.  No reportar información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y aquella que solicite el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de sus competencias.

12.  Obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud por renuencia en el suministro de información, impedir o no autorizar el acceso a sus archivos e instalaciones.

13.  El no reconocimiento, el reconocimiento inoportuno, el pago inoportuno o el no pago de las prestaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

14.  Incumplir los compromisos obligatorios de pago y/o depuración de cartera producto de las mesas de saneamiento de cartera, acuerdos conciliatorios y/o cualquier otro acuerdo suscrito entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y del Contributivo o entre estas y cualquier otra entidad de los regímenes especiales o de excepción.

15.  No brindar un diagnóstico oportuno, entendido como el deber que tienen las entidades responsables de prestar servicios de salud en aras de determinar el estado de salud de sus usuarios, de manera que se impida o entorpezca el tratamiento oportuno.

16.  Aplicar descuentos directos, sobre los pagos a realizar a los prestadores de servicios de salud sin previa conciliación con estos, en los eventos en que las entidades responsables de pago efectúen reintegros de recursos a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). En todo caso, se respetarán los acuerdos de voluntades suscritos entre las entidades, en relación con los pagos y sus descuentos.

17.  Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

18.  Incumplir los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

19.  Incumplir con las normas que regulan el flujo de recursos y el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

20.  Incumplir los términos y condiciones del trámite de glosas a las facturas por servicios de salud, impedir la radicación de las facturas e imponer causales de glosas y devoluciones injustificadas o inexistentes.

 

21.  Incurrir en las conductas establecidas en el artículo 133 de la Ley 1438 de 2011.

PARÁGRAFO 1o. En los casos en los que, como resultado de las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se compruebe que cualquier sujeto vigilado ha cometido una o más infracciones previstas en el presente artículo, por una razón atribuible a cualquier otra entidad sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, este iniciará y/o vinculará a dicho sujeto al proceso administrativo sancionatorio.

PARÁGRAFO 2o. En el proceso sancionatorio de la Superintendencia Nacional de Salud se atenderán los criterios eximentes de responsabilidad regulados por la ley respecto de cada una de las conductas señaladas en el presente artículo cuando haya lugar a ello.

PARÁGRAFO 3o. La Superintendencia Nacional de Salud no es competente para adelantar investigaciones administrativas respecto de la praxis en los servicios de salud.

ARTÍCULO 7o. Modifíquese el artículo 3o del Decreto Ley 1281 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 3o. Reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. Cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o quien haga sus veces o cualquier entidad o autoridad pública que en el ejercicio de sus competencias o actividades como participante o actor en el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud detecte que se presentó apropiación sin justa causa de los mismos, solicitará la aclaración del hallazgo a la persona involucrada, para lo cual remitirá la información pertinente, analizará la respuesta dada por la misma y, en caso de establecer que se configuró la apropiación o reconocimiento sin justa causa de recursos, ordenará su reintegro, actualizado al Índice de Precios al Consumidor, IPC, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Una vez quede en firme el acto administrativo que ordena el reintegro, de conformidad con el procedimiento definido, la ADRES o quien haga sus veces o cualquier entidad o autoridad pública que, en el ejercicio de sus competencias o actividades como participante o actor en el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, compensará su valor contra los reconocimientos que resulten a favor del deudor por los diferentes procesos que ejecuta ante la entidad. En todo caso, los valores a reintegrar serán actualizados con el  Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuando la apropiación o reconocimiento a que alude este artículo sea evidenciada por el actor que recibe los recursos, este deberá reintegrarlos actualizados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el momento en que detecte el hecho.

En los casos en que la ADRES o quien haga sus veces o la autoridad o entidad pública que en el ejercicio de sus competencias o actividades como participante o actor en el flujo de recursos del  Sistema General de Seguridad Social en Salud identifique en el proceso de reintegro actos u omisiones presuntamente constitutivas de infracciones de las normas del Sistema, informará de manera inmediata y con las pruebas correspondientes a la Superintendencia Nacional  de Salud, para que adelante las investigaciones administrativas a que haya lugar.

PARÁGRAFO 1o. Los procesos que hubiesen sido allegados a la Superintendencia Nacional de Salud hasta la entrada en vigencia de la presente ley culminarán su trámite y se les aplicarán las reglas previstas en el régimen jurídico anterior. En todo caso, los recursos del aseguramiento en Salud apropiados o reconocidos sin justa causa involucrados en procedimientos en cursos serán reintegrados actualizándolos con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los procesos de reintegro que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan sido recibidos en la Superintendencia Nacional de Salud, se regirán y culminarán su trámite bajo las disposiciones previstas en el presente artículo.

 

Decisión

 

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los cargos formulados contra los artículos 2o. (parcial), 3o. (parcial) y 7o. de la Ley 1949 de 2019, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

ES CONSTITUCIONAL EL SORTEO, EN CUANTO MECANISMO PARA DECIDIR A QUIÉN SE DECLARA ELEGIDO EN UNA ELECCIÓN -EN LA QUE EL NÚMERO DE VOTOS DEPOSITADOS POR DOS O MÁS CANDIDATOS FUERE IGUAL-, PORQUE NO DESCONOCE EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS SERVIDORES QUE LA CONSTITUCIÓN SEÑALA COMO DE ELECCIÓN POPULAR.

 

X. EXPEDIENTE D-11996 - SENTENCIA C-497/19 (octubre 22) M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

 

Demanda demandada

 

DECRETO 2241 de 1986 Por el cual se adopta el Código Electoral

[...]

ARTICULO 183. Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección.

 

Decisión

 

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 305 de 2017, en relación con el expediente radicado bajo el número D-11.996.

 

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 183 del Decreto 2241 de 1986 "Por el cual se adopta el Código Electoral", por los cargos analizados en esta sentencia.

 

 

 

Boletin No. 67

Acerca de nosotros : Somos Abogados en ejercicio con más de 20 años de experiencia, que comprendiendo los retos actuales del mundo legal, nos hemos dedicado a generar una Base de Datos Jurídica para todos aquellos que en ejercicio de la profesión, tienen la responsabilidad desde el ámbito Jurídico, Social, Político, Académico, de Investigación, Profesional y Empresarial, de entender y aplicar las leyes y la jurisprudencia en forma adecuada, ética, eficiente y diligente.
ESTADISTICAS BIWEBZONE