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Boletin No. 63
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIAS

BOLETIN No. 63

 

 

SENTENCIA C-441/19. Referencia: Expediente D-12507. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 294 (parcial) de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011. M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE

 

Declararse INHIBIDA, por las razones expuestas, para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la expresión "de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior" del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, tal como fue modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011.

 

Artículo 294. Modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 55. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento.

De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

[...]

 

 

SENTENCIA C-440/19. Referencia: Expediente LAT-453. Revisión oficiosa de la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea". M. S. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea" suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2014.

 

SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea".

 

 

SENTENCIA C-438/19. Referencia: Expediente D-13.119. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 122, 134, 148 y 151 de la Ley 1940 de 2018 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019". M. P. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 1940 de 2018 por el cargo analizado.

 

SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos 134, 148 y 151 de la Ley 1940 de 2018 por las razones expuestas en la presente providencia.

 

Artículo 122. Los recursos de regalías y compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011, cuyo giro y distribución no se realizó antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 05 de 2011, deberán consignarse en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

Artículo 134. Los departamentos y municipios que no requieran destinar recursos del 10% de la Estampilla Pro Cultura, a que hace referencia en numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 2º de la Ley 666 de 2001, para seguridad social del creador y del gestor cultural, podrán destinar los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2018 por este concepto, a financiar los demás conceptos a que hacen referencia las disposiciones citadas, siempre y cuando no se afecten a los beneficiarios de tal disposición.

 

Artículo 148. Adiciónese un parágrafo al artículo 37 de la Ley 1575 de 2012, el cual quedará así:

Parágrafo 2°. Para calcular la sobretasa o recargo al impuesto predial destinado a financiar la actividad bomberil, los municipios podrán utilizar el avalúo catastral vigente en sus respetivas jurisdicciones.

 

Artículo 151. Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-438 de 2019. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 15. Derechos de Tránsito. Corresponde a las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Distritales de conformidad con el artículo 338 de la Carta Política, y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, fijar el sistema y el método para determinar las tarifas por los derechos de tránsito de los trámites de licencia de tránsito, placa única nacional, tarjeta de registro y licencia de conducción que se realizan en los Organismos de Tránsito.

[...]

 

 

SENTENCIA C-429/19. Referencia: Expediente D-12866. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 25 de 1981 y los artículos 54 (parcial) y 63 de la Ley 21 de 1982. M. P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad", contenida en el literal g) del artículo 6° de la Ley 25 de 1981, subrogado por el numeral 11 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992.

 

ARTICULO 6º.-El Superintendente del Subsidio Familiar es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y tendrá las siguientes atribuciones:

[...] 

g) Con el objeto de propender por la más eficiente administración y control, estatuir las normas y procedimientos a que debe someterse el régimen de contratación de obras, servicios y suministros en las entidades sometidas a su vigilancia y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad;

 

SEGUNDO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar", contenida en el numeral 2° del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.

 

ARTICULO 54.-Son funciones de los Consejos Directivos:

[...] 

2º. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente ley, los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales.

Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

 

TERCERO. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 63* de la Ley 21 de 1982 y el numeral 10° del artículo 7°** del Decreto 2150 de 1992.

 

* ARTICULO 63.- La Superintendencia del Subsidio Familiar tendrá en cuenta el orden de prioridades señalado en el articulo anterior para aprobar o improbar obras y programas sociales de las Cajas de Compensación.

Parágrafo.-Las inversiones en obras y programas sociales y las que se hagan con los recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcionamiento, realizadas o que se realicen por las Cajas de Compensación Familiar sin la debida aprobación oficial o en contravención de disposiciones legales y que no cumplan los objetivos del subsidio, deberán adecuarse, en un termino prudencial, a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Si tal adaptación no se efectuare en el termino señalado o no fuere posible, se ordenara la venta de las obras realizadas.

 

** ARTICULO  7o. FUNCIONES  DEL  SUPERINTENDENTE.   El Superintendente del  Subsidio Familiar  es agente  del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, y como jefe del organismo tendrá las siguientes funciones:

[...]

10. Aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servicios sociales que deben prestar las entidades bajo su vigilancia, y sin cuya autorización aquellos no podrán emprenderse;

 

 

SENTENCIA C-428/19. Referencia: expediente D-13073. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 26 (parcial) de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", tal como fue modificado por el artículo 7° de la Ley 1383 de 2010, y contra el artículo 3° (parcial) de la Ley 1696 de 2013, "Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas". M. P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

RESUELVE

 

 

Primero.-Declarar EXEQUIBLES los numerales 1° y 2° de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, por el cargo analizado.

 

Segundo.-Declarar INEXEQUIBLE el numeral 4° de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002.

 

Tercero.-Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, el inciso final del artículo 3° de la Ley 1696 de 2013, el cual dispone que "Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción", EN EL ENTENDIDO de que se aplica única y exclusivamente a la causal contemplada en el numeral 4° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.

 

Cuarto.-EXHORTAR al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, regule el término en el cual los conductores a quienes se les cancele su licencia de conducción por alguna de las causales dispuestas en los numerales 1°, 2°, 5°, 6° y 7° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002 pueden volver a solicitar una nueva licencia de conducción.

 

Artículo 26. Modificado por la Ley 1383 de 2010, artículo 7º. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:

1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2. Por decisión judicial.

3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código.

4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva. La licencia de conducción se cancelará:

 1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir, soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2. Por decisión judicial.

3. Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los sistemas creados por los artículos 8° y 10 del presente ordenamiento, el fallecimiento del titular.

4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este Código.

5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.

6. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.

7. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

Parágrafo. Modificado por la Ley 1696 de 2013, artículo 3°. La suspensión o cancelación de la Licencia de Conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.

La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Una vez se encuentre en firme la resolución de la autoridad de tránsito mediante la cual cancela la licencia de conducción, por las causales previstas en los numerales 6° y 7° de este artículo, se compulsarán copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción.

 

 

SENTENCIA C-416/19. Referencia: Expediente D-13123. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 (parcial) del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, "por la cual se expide el Código General del Proceso". M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-346 de 2019, que declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión "que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público con el Estado colombiano", contenida en el numeral 10 del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, en el entendido de que todas las confesiones e iglesias, que tengan personería jurídica y que cumplan con los requisitos legales, pueden acceder a la celebración de alguno de estos instrumentos en condiciones de igualdad.

 

Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

[...]

10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

[...]

 

 

SENTENCIA C-395/19. Referencia: Expediente D-13099. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 de la Ley 906 de 2004. M. S. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

RESUELVE

 

Declarar INEXEQUIBLE la expresión "y antes de presentarse la acusación" contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 por las razones expuestas en la presente providencia.

 

Artículo 101. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.

[...]

 

 

SENTENCIA C-394/19. Referencia: Expediente D-12594. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 26 (parcial) de la Ley 1340 de 2009, "Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia". M. S. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

RESUELVE:

 

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados en esta Sentencia, la expresión "al momento de la imposición de la sanción" del artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

 

Artículo 26. Monto de las Multas a Personas Naturales. El numeral 16 del artículo 4° del Decreto 2153 de 1992 quedará así:

"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

[...]

 

 

SENTENCIA C-391/19. Referencia: Expediente D-12516. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 56, 68, 70, 74 y 80 (parciales) de la Ley 336 de 1996 "Estatuto General de Transporte". M. P. CARLOS BERNAL PULIDO

 

RESUELVE

 

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de los artículos 5, 56, 68, 70, 74 y 80 (parciales) de la Ley 336 de 1996, "Estatuto General de Transporte", por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

ARTICULO 5. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

[...]

 

ARTICULO 56. El Modo de Transporte Terrestre Automotor, además de ser un servicio público esencial, se regirá, por normas de esta Ley y por las especiales sobre la materia

 

[...]

 

ARTICULO 68. El Modo de Transporte Aéreo, además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (Libro Quinto, Capitulo Preliminar y Segunda Parte), por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y por los Tratados, Convenios, Acuerdos Prácticas Internacionales debidamente adoptados o aplicadas por Colombia.

[...]

 

ARTICULO 70. El modo de transporte marítimo, además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose por las normas que regulan su operación, y en lo no contemplado en ellas se aplicarán las de la presente Ley.

[...]

 

ARTICULO 74. El Modo de transporte fluvial, además de ser un modo de Servicio Público esencial, se regula por las normas estipuladas en esta ley y las normas especiales sobre la materia."

 

ARTICULO 80. El Modo de Transporte Ferroviario, además de ser un servicio público esencial, se regula por las normas estipuladas en esta Ley y las normas especiales sobre la materia.

 

 

SENTENCIA C-371/19. Referencia: Expediente D-12856. Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo 1 (parcial), del artículo 1, del Decreto 1512 de 2018 "por el cual se modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación". M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE:

 

Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones "la especial confianza exigida para el desarrollo de las funciones", y "se clasifican como de libre nombramiento y remoción", contenidas en el parágrafo 1 del artículo 1° del Decreto 1512 de 2018.

 

Artículo 1°. Modificase la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, creando los siguientes cargos de carácter transitorio:

[...]

Parágrafo 1°. Por la naturaleza transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz dada en el artículo 15 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y la especial confianza exigida para el desarrollo de las funciones, los empleos que se crean en el presente artículo dentro de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación serán de carácter transitorio y se clasifican como de libre nombramiento y remoción.

 

 

SENTENCIA C-331/19. Referencia: Expediente D-13023. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 parcial del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 "[p]or la cual se expide el Código Disciplinario Único". M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión "conflicto de intereses" contenida en el numeral 17 inciso 2° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 dada la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Artículo 48. Corregido por el Decreto 224 de 2002, en el sentido de incorporar el numeral 38. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

[...]

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.

 

 

SENTENCIA C-304/19. Referencia: Expediente D-12811. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 de la Ley 1819 de 2016, "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.". M. P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

RESUELVE

 

Primero.-Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los parágrafos 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 101 de la Ley 1819 de 2016, "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones", por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Segundo.-Declarar EXEQUIBLE el inciso 1° del artículo 101 de la Ley 1819 de 2016, "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones", respecto de los cargos analizados.

 

Artículo 101. Modifíquese el artículo 240-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 240-1. Tarifa para usuarios de zona franca. A partir del 1o de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%.

Parágrafo 1o. La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de zona franca será la tarifa general del artículo 240 de este Estatuto.

Parágrafo 2o. Para los contribuyentes usuarios de zona franca que tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica, la tarifa será la establecida en el correspondiente contrato y no podrá aplicarse concurrentemente con la deducción de que trataba el artículo 158-3 de este Estatuto.

Parágrafo 3o. Los contribuyentes usuarios de zonas francas que hayan suscrito un contrato de estabilidad jurídica, no tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 4o. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o, se exceptúan de la aplicación de este artículo, los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes características:

1. Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas.

2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios entre empresas nacionales o extranjeras.

 

 

SENTENCIA C-294/19. Referencia: expediente D-12533. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 1805 de 2016, que modificó el parágrafo del artículo 540 de la Ley 9 de 1979, a la vez reformado por el artículo 1º de la Ley 73 de 1988. M. P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

RESUELVE

 

Primero. Levantar la suspensión de los términos en el presente asunto.

 

Segundo. Declarar inexequible la expresión "no pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados", contenida en el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 1805 de 2016.

 

 

 

 

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