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Boletin No. 60
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - COMUNICADO DE PRENSA No. 37

BOLETIN No. 60

 

 

COMUNICADO No. 37

Septiembre 25 y 26 de 2019

 

EN ATENCIÓN A LA INEPTITUD DE LOS CARGOS FORMULADOS EN LA DEMANDA FORMULADA CONTRA LA NORMA QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HERMANOS LEGÍTIMOS, LA CORTE CONSTITUCIONAL SE ABSTUVO DE EMITIR UN FALLO DE FONDO

 

I. EXPEDIENTE D-13136 - SENTENCIA C-437/19 (septiembre 25) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

 

Norma demandada

 

LEY 84 DE 1873

(26 de mayo)

 

CÓDIGO CIVIL

 

TITULO XXI

 

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS

 

ARTICULO 411. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS. Se deben alimentos:

[...]

 

9)     A los hermanos legítimos.

 

Decisión

 

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra la expresión "legítimos", contenida en el numeral 9 del artículo 411 del Código Civil, por las razones expuestas en esta providencia.

 

 

LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 QUE MODIFICARON EL PORCENTAJE DE DESTINACIÓN DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA, LA BASE GRAVABLE DE LA SOBRETASA BOMBERIL AL IMPUESTO PREDIAL Y LA TARIFA DE LOS DERECHOS DE TRÁNSITO Y MONTO DE ESPECIES VENALES DE TRÁNSITO A GIRAR A LA NACIÓN. ESTAS NORMAS ERAN DE CARÁCTER PERMANENTE, POR LO QUE EXCEDÍAN EL AÑO DE VIGENCIA QUE DEBE TENER EL PRESUPUESTO

 

II. EXPEDIENTE D-13119 - SENTENCIA C-438/19 (septiembre 25) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

Norma demandada

 

LEY 1940 DE 2018 (noviembre 26) Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

[...]

 

ARTÍCULO 122. Los recursos de regalías y compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011, cuyo giro y distribución no se realizó antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 05 de 2011, deberán consignarse en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

ARTÍCULO 134. Los departamentos y municipios que no requieran destinar recursos del 10% de la Estampilla Pro Cultura, a que hace referencia en numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 2o de la Ley 666 de 2001, para seguridad social del creador y del gestor cultural, podrán destinar los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2018 por este concepto, a financiar los demás conceptos a que hacen referencia las disposiciones citadas, siempre y cuando no se afecten a los beneficiarios de tal disposición.

 

ARTÍCULO 148. Adiciónese un parágrafo al artículo 37 de la Ley 1575 de 2012, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 2. Para calcular la sobretasa o recargo al impuesto predial destinado a financiar la actividad bomberil, los municipios podrán utilizar el avalúo catastral vigente en sus respetivas jurisdicciones.

 

ARTÍCULO 151. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 15. derechos de tránsito. Corresponde a las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Distritales de conformidad con el artículo 338 de la Carta Política, y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, fijar el sistema y el método para determinar las tarifas por los derechos de tránsito de los trámites de licencia de tránsito, placa única nacional, tarjeta de registro y licencia de conducción que se realizan en los Organismos de Tránsito. Las tarifas por los derechos de tránsito estarán basadas en un estudio económico sobre los costos del servicio con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, en el cual se deberá incluir el valor equivalente a 0,85 salarios mínimos diarios legales vigentes (0,85 smdlv) por cada especie venal de tránsito que sea expedida al usuario. Dicho valor deberá ser liquidado y transferido por el organismo de tránsito al Ministerio de Transporte una vez realizado el trámite.

 

Decisión

 

Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 1940 de 2018 por el cargo analizado.

 

Segundo. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 134, 148 y 151 de la Ley 1940 de 2018 por las razones expuestas en la presente providencia.

 

 

 

LA AUSENCIA DE CERTEZA, SUFICIENCIA Y ESPECIFICIDAD DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS EN ESTA OPORTUNIDAD, NO LE PERMITIÓ A LA CORTE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y REVERSIÓN DEL PAGO POR TRANSACCIONES COMERCIALES QUE SE HACEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

 

III. EXPEDIENTE D-13125 - SENTENCIA C-439/19 (septiembre 25) M.P. Diana Fajardo Rivera

 

Norma demandada

 

LEY 1480 DE 2011 (octubre 12) Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

[...]

 

ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán:

(...)

 

ARTÍCULO 51. REVERSIÓN DEL PAGO. Cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE y/o call center y/o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso.

(...)

 

Decisión

 

Declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 50 y 51 de la Ley 1480 de 2011, "[p]or medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones".

 

 

LA CORTE ENCONTRÓ QUE EL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA, POR EL QUE SE CREA UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTE PAÍS EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES QUE EXIGE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN DE UN TRATADO INTERNACIONAL

 

IV. EXPEDIENTE LAT-453 - SENTENCIA C-440/19 (septiembre 25) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

Norma objeto de control

 

LEY 1925 DE 2018 (julio 24) Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea

[...]

 

Decisión

 

Primero. Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea" suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2014.

 

Segundo. Declarar EXEQUIBLE Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea".

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL REITERÓ QUE LA ACREDITACIÓN DE LA CIUDADANÍA COLOMBIANA ES UN REQUISITO ESENCIAL DE LEGITIMACIÓN DEL DEMANDANTE PARA PRESENTAR UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN EJERCICIO DEL DERECHO POLÍTICO QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

 

V. EXPEDIENTE D-12507 - SENTENCIA C-441/19 (septiembre 25) M.P. José Fernando Reyes Cuartas

 

Norma demandada

 

LEY 906 DE 2004 (agosto 31) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

[...]

ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. [Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011]. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento.

De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente.

 

Decisión

 

Declararse INHIBIDA, por las razones expuestas, para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la expresión "de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior" del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, tal como fue modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011.

 

 

LA NO CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS OTORGADOS POR UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, PERO NO VALIDADOS POR LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN (NO OFICIALES O PROPIOS), CONSTITUYE UNA MEDIDA VÁLIDA CONSTITUCIONALMENTE PARA PROPENDER POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 

VI. EXPEDIENTE D-12613 - SENTENCIA C-442/19 (septiembre 25) M.P. Diana Fajardo Rivera

 

Norma demandada

 

LEY 1753 DE 2015 (junio 9) Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país

[...]

 

ARTÍCULO 62. CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. El Ministerio de Educación Nacional establecerá, mediante un reglamento específico, el procedimiento de convalidación de títulos extranjeros de acuerdo con los criterios legalmente establecidos, y según los acuerdos internacionales que existan al respecto. El Ministerio de Educación Nacional contará con dos (2) meses para resolver las solicitudes de convalidación de títulos, cuando la institución que otorgó el título que se somete a convalidación o el programa académico que conduce a la expedición del título a convalidar se encuentren acreditados, o cuenten con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de procedencia del título o a nivel internacional.

Las solicitudes de convalidación de los títulos universitarios oficiales, no incluidos en los supuestos del inciso anterior, se resolverán en un plazo máximo de cuatro (4) meses.

PARÁGRAFO 1o. Los títulos otorgados por instituciones de educación superior, pero no validados por las autoridades de educación oficiales del país de origen de la institución y denominados como universitarios no oficiales o propios, otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, no serán objeto de convalidación.

Sólo se convalidarán aquellos títulos universitarios no oficiales o propios, a los estudiantes que se encuentren matriculados en Programas de Educación Superior que conduzcan a la obtención de títulos universitarios no oficiales o propios, con anterioridad a la expedición de la presente ley, bajo el criterio exclusivo de evaluación académica.

[...]

 

Decisión

 

Declarar la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 62 de Ley 1753 de 2015, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 `Todos por un nuevo país´", por los cargos analizados en esta providencia.

 

 

LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS POR EL JUEZ CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PARA DICTAR SENTENCIA EN PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA, LA CUAL DEBERÁ SER ALEGADA ANTES DE PROFERIRSE LA SENTENCIA Y ES SANEABLE EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL VENCIMIENTO DE DICHOS PLAZOS NO IMPLICA UNA DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

 

VII. EXPEDIENTE D-12981 - SENTENCIA C-443/19 (septiembre 25) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

 

Norma demandada

 

LEY 1564 DE 2012 (julio 12) Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

[...]

ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

 

Decisión

 

Primero. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión "de pleno derecho" contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso

 

Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia.

 

Tercero. Declarar la EXEQUBILIDAD CONDICIONADA del inciso octavo del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales.

 

 

LA CORTE REITERÓ LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL UNIFICADA EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA DE PENSIONES ACORDADAS EN CONVENCIONES COLECTIVAS, A LAS QUE SE RECONOCE SU CARÁCTER DE FUENTE NORMATIVA

 

VIII. EXPEDIENTE T-7.225.415 - SENTENCIA SU-445/19 (septiembre 26) M.P. Diana Fajardo Rivera

 

 

Boletin No. 60

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