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Boletin No. 59
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - COMUNICADO DE PRENSA No. 36

BOLETIN No. 59

 

 

COMUNICADO No. 36

Septiembre 17 de 2019

 

LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR IMPOSIBILIDAD TRANSITORIA FÍSICA O MENTAL PARA CONDUCIR O POR DECISIÓN JUDICIAL NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUESTO QUE EN AMBOS CASOS EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN ES DETERMINABLE. NO OCURRE LO MISMO EN EL CASO DE LA SUSPENSIÓN DE ESA LICENCIA POR PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHÍCULOS PARTICULARES, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA NORMA QUE PERMITA ESTABLECER EL TÉRMINO DE ESA MEDIDA, LO QUE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 

I. EXPEDIENTE D-13073 - SENTENCIA C-428/19 (septiembre 17) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

Normas demandadas

 

LEY 769 DE 2002 (julio 6) Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

[...]

ARTÍCULO 26. CAUSALES DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. [Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1383 de 2010] La licencia de conducción se suspenderá:

1.           Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental  para conducir, soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2.           Por decisión judicial.

3.           Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código.

4.           Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva.

La licencia de conducción se cancelará:

1.           Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental  para conducir, soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2.           Por decisión judicial.

3.           Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los sistemas creados por los artículos 8o y 10 del presente ordenamiento, el fallecimiento del titular.

4.           Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este Código.

5.           Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin  justa causa.

6.           Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.

7.           Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

PARÁGRAFO. [Parágrafo modificado por el artículo 2 de la Ley 1696 de 2013]. La suspensión o cancelación de la Licencia de Conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.

La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Una vez se encuentre en firme la resolución de la autoridad de tránsito mediante la cual cancela la licencia de conducción, por las causales previstas en los numerales 6o y 7o de este artículo, se compulsarán copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción".

 

LEY 1696 DE 2013 (diciembre 19) Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

[...]

ARTÍCULO 3o. Modifíquese el parágrafo del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, artículo modificado por el artículo 7o de la Ley 1383 de 2010, el cual quedará así:

PARÁGRAFO. La suspensión o cancelación de la Licencia de Conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.

La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Una vez se encuentre en firme la resolución de la autoridad de tránsito mediante la cual cancela la licencia de conducción, por las causales previstas en los numerales 6o y 7o de este artículo, se compulsarán copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción.

 

Decisión

 

Primero. Declarar EXEQUIBLES los numeral 1° y 2° de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, por el cargo analizado.

 

Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 4° de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002.

 

Tercero. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, el inciso final del artículo 3° de la Ley 1696 de 2013, el cual dispone que "Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción", EN EL ENTENDIDO de que se aplica única y exclusivamente a la causal contemplada en el numeral 4° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.

 

Cuarto. EXHORTAR al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, regule el término en el cual los conductores a quienes se les cancele su licencia de conducción por alguna de las causales dispuestas en los numerales 1°, 2°, 5°, 6° y 7° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002 pueden volver a solicitar una nueva licencia de conducción.

 

 

LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS QUE EXIGÍAN A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONTAR CON LA APROBACIÓN PREVIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA ADELANTAR ACTUACIONES COMO (I) LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y (II) LA ADOPCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA OBRAS O SERVICIOS SOCIALES, POR CONSIDERAR QUE ESTAS DISPOSICIONES DESBORDAN LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DESCONOCEN EL DEBER DE IMPARCIALIDAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

 

II. EXPEDIENTE D-12866 - SENTENCIA C-429/19 (septiembre 17) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

Normas demandadas

 

LEY 25 DE 1981 (febrero 24) Por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones

[...]

Artículo 6. El Superintendente del Subsidio Familiar es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

g) Con el objeto de propender por la más eficiente administración y control, estatuir las normas y procedimientos a que debe someterse el régimen de contratación de obras servicios y suministros en las entidades sometidas a su vigilancia y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad.

 

LEY 21 DE 1982 (febrero 24) Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones

[...]

Artículo 54. Son funciones de los Consejos Directivos

[...]

2o. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente ley, los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales. Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

[...]

ARTICULO 63. La Superintendencia de Subsidio Familiar tendrá en cuenta el orden de prioridades señalado en el artículo anterior para aprobar o improbar obras y programas sociales de las Cajas de Compensación

PARAGRAFO. Las inversiones en obras y programas sociales y las que se hagan con recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcionamiento, realizadas o que se realicen por las Cajas de Compensación Familiar sin la debida aprobación oficial o en contravención de disposiciones legales y que no cumplan los objetivos del subsidio, deberán adecuarse, en un término prudencial, a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Si tal adaptación no se efectuare en el término señalado o no fuere posible, se ordenará la venta de las obras realizadas.

 

Decisión

 

Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad", contenida en el literal g) del artículo 6° de la Ley 25 de 1981, subrogado por el numeral 11 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992.

 

Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar", contenida en el numeral 2° del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.

 

Tercero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 63 de la Ley 21 de 1982 y el numeral 10º del artículo 7º del Decreto 2150 de 1992.

 

 

LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, LA INDEPENDENCIA, LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL Y DEL ORDEN CONSTITUCIONAL CONFIADAS POR EL CONSTITUYENTE A LAS FUERZAS MILITARES JUSTIFICA EL ESTABLECIMIENTO COMO DEBER FUNDAMENTAL DEL MILITAR LA DISPOSICIÓN PERMANENTE PARA DEFENDER A COLOMBIA, INCLUSO CON LA ENTREGA DE LA PROPIA VIDA, CUANDO SEA NECESARIO

 

III. EXPEDIENTE D-13077 - SENTENCIA C-430/19 (septiembre 17) M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

 

Normas demandadas

 

LEY 1862 DE 2017 (agosto 4) Por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar

 

ARTÍCULO 1o. DEBER FUNDAMENTAL DEL MILITAR. Es deber fundamental del militar por su honor, la disposición permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando sea  necesario, cumpliendo la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, respetando los preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar.

 

Decisión

 

Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión "incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario" contenida en el artículo 1º de la Ley 1862 de 2017, por los cargos examinados en esta sentencia.

 

 

 

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