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Boletin No. 23
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - COMUNICADO DE PRENSA No. 14

BOLETIN No. 23

 

 

COMUNICADO No. 14

Mayo 15 y 16 de 2019

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA DEBIDO A INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD CONTAGIOSA O CRÓNICA DEL TRABAJADOR SUPERIOR A 180 DÍAS, REQUIERE DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL INSPECTOR DE TRABAJO

 

I. EXPEDIENTE D-12408 - SENTENCIA C-200 /19 (mayo 15) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

Norma acusada

 

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Decreto 2663 de 1950 y Decreto 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961

[...]

ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. [Artículo modificado por el artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965]. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

 

A.         Por parte del empleador:

 

(...)

 

15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad." (Se subraya lo demandado)

 

Decisión

 

Declarar EXEQUIBLE el numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona por razón de su situación de salud cuando no exista autorización previa del inspector de trabajo. Además de la ineficacia descrita previamente, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su situación de salud, sin la autorización del inspector de trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren, en los términos de la parte motiva de esta providencia.

 

 

EXISTENCIA DE COSA JUZGADA RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXIGENCIA PARA QUIENES INICIEN LA CARRERA A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 1905 DE 2018, DE APROBAR EL EXAMEN DE ESTADO COMO REQUISITO DE IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. INEPTITUD DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA OTROS ARTÍCULOS DE LA LEY, NO PERMITIÓ UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

 

II. EXPEDIENTE D-12920 - SENTENCIA C-201/19 (mayo 15) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

 

Norma acusada

 

LEY 1905 DE 2018

(junio 28)

 

ARTÍCULO 1o. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin.

 

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.

 

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

 

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

 

ARTÍCULO 2o. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.

 

ARTÍCULO 3o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación."

 

Decisión

 

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-138 de 2019, en la cual se declaró la exequibilidad, por el cargo analizado, del artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.

 

Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los artículos 1 y 3 de la Ley 1905 de 2018, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

 

LA CARENCIA DE CERTEZA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL RÉGIMEN DE PERSONAL DEL ANTIGUO DAS INCORPORADO A OTRAS ENTIDADES, NO PERMITIÓ A LA CORTE REALIZAR UN EXAMEN DE FONDO SOBRE LA DEMANDA

 

III. EXPEDIENTE D-12251 - SENTENCIA C-202/19 (mayo 15) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Norma acusada

 

DECRETO 4057 DE 2011

(octubre 31)

 

Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones

[...]

Artículo 7°. Régimen de personal. El régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor, con excepción del  personal que se incorpore al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

[...]

 

Decisión

 

Declararse INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo, en el presente asunto, respecto de la constitucionalidad de la expresión "con excepción del personal que se incorpore al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales", prevista en el inciso primero, del artículo 7, del Decreto Ley 4057 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTABLECIÓ QUE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 396 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN NOTORIA DEL MATRIMONIO DE "HABER SIDO LA MUJER RECIBIDA EN ESTE CARÁCTER POR LOS DEUDOS Y AMIGOS DE SU MARIDO, Y POR EL VECINDARIO DE SU DOMICILIO EN GENERAL", DESCONOCE EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO A LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y LA MUJER

 

IV. EXPEDIENTE D-12955 - SENTENCIA C-203/19 (mayo 15) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

1.                 Norma acusada

 

CODIGO CIVIL

[...]

TITULO XX

 

DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL

 

ARTICULO 396. POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE MATRIMONIO. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general.

 

Decisión

 

Declarar INEXEQUIBLE el aparte "y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general" del artículo 396 del Código Civil, por los cargos analizados.

 

 

CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LOS ALCALDES PARA FIJAR HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE CLUBES SOCIALES, CASAS CULTURALES, CENTROS SOCIALES PRIVADOS O CLUBES PRIVADOS O SIMILARES, CUYA ACTIVIDAD PUEDA AFECTAR LA CONVIVENCIA Y EL ORDEN PÚBLICO. VERIFICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA

 

V. EXPEDIENTE D-11973 - SENTENCIA C-204/19 (mayo 15) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Norma acusada

 

LEY 1801 DE 2016

(julio 29)

 

Por la cual se expide al Código Nacional de Policía y Convivencia

[...]

ARTÍCULO 86. CONTROL DE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN A LO PÚBLICO. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente Código.

 

PARÁGRAFO 1o. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán  establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente Código.

 

PARÁGRAFO 2o. Facúltese a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de Policía para  ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el  cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan.

 

Decisión

 

Primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso 1 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados en la presente sentencia.

 

Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo 1 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados en la presente sentencia, en el entendido de que la facultad que se atribuye a los alcaldes distritales y municipales para establecer horarios de funcionamiento, debe ejercerse mediante actos administrativos individuales o de contenido particular, debidamente motivados. Este condicionamiento surtirá efectos a partir del año siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

 

Tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados en la presente sentencia, en el entendido de que la facultad que se atribuye a las autoridades de policía y a los comandantes de estación de policía para ingresar en los establecimientos mencionados en este artículo e imponer las medidas correctivas correspondientes, únicamente procede respecto de las actividades que trascienden a lo público, declaradas previamente mediante acto administrativo de contenido particular, y con el único fin de verificar y hacer cumplir el horario de las actividades en cuestión y dentro de los horarios considerados de cierre.

 

 

LAS RESTITUCIONES QUE PROCEDEN EN CASO DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN CONTRATO QUE DESARROLLE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), ESTARÁN DIRIGIDAS AL PAGO DEL PASIVO EXTERNO DEL PROYECTO CON TERCEROS DE BUENA FE. CON EL REMANENTE SE PUEDE RECONOCER RESTITUCIONES AL CONTRATISTA, EN LOS CASOS EN QUE NO ESTÉ PROBADO QUE ACTUÓ MEDIANTE UNA CONDUCTA DOLOSA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO O DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, DANDO LUGAR A LA NULIDAD DEL CONTRATO POR OBJETO O CAUSA ILÍCITOS, O QUE PARTICIPÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO A SABIENDAS DE TAL ILICITUD

 

VI. EXPEDIENTE D-12877 - SENTENCIA C-207/19 (mayo 16) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

Norma revisada

 

LEY 1882 DE 2018

(enero 15)

 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

[...]

Artículo 20. Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: Artículo 32. Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos de Asociación Público Privada, se incluirá una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral.

 

Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que se suscriban, cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrate estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual. Estos factores serán actualizados con el índice de precios al consumidor (IPC) histórico desde el momento de su ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación.

 

Los reconocimientos a que haya lugar deberán cumplir con los siguientes criterios, los cuales serán validados por la interventoría o por un tercero experto:

[...]

 

4. No correspondan a costos o penalidades, pactadas o no, que terceros hayan aplicado al contratista en razón a la terminación anticipada de las relaciones contractuales no laborales, salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de derivados de cobertura financiera del provecto.

[...]

 

Parágrafo 2. El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal de nulidad o la declaratoria de la misma por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa relacionada con la celebración o ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la cláusula penal pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

 

Esta suma se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de los integrantes del concesionario responsables de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad, según corresponda, una vez se haya pagado a los terceros cuya prestación se haya reconocido de conformidad con el parágrafo 1°. De no ser suficientes los remanentes para el pago, la entidad hará efectivo el saldo de la penalidad contra las personas naturales o jurídicas responsables.

 

Para el caso señalado en el inciso anterior, los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de, integrante o integrantes del concesionario que dieron lugar a la causal de nulidad, después del pago de acreencias a la totalidad de los terceros, quedarán como garantía de pago para atender las posibles reclamaciones por el término de cinco (5) años. La forma como quedarán a disposición estos recursos será definida por el Gobierno Nacional.

 

La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida preventiva la aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En este supuesto, la penalidad mencionada en el presente parágrafo, descontada de los remanentes de la liquidación en los términos del mismo, se mantendrá a disposición dicha autoridad administrativa o judicial en tanto se resuelva de manera definitiva la investigación. Al momento de decretar la medida preventiva, la autoridad administrativa o judicial deberá individualizar las personas afectas a la ilicitud o infracción administrativa, a quienes se les aplicarán las sanciones y efectos señalados en los incisos anteriores.

 

Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

 

Decisión

 

Primero. - Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, el parágrafo 1º del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, salvo:

 

a)       El inciso primero, que se declara EXEQUIBLE, en el entendido de que los reconocimientos a título de restituciones estarán dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe. Con el remanente, se podrán reconocer restituciones a favor del contratista, o el integrante o socio de la parte contratista, en los casos en que no esté probado que actuó mediante una conducta dolosa en la comisión de un delito o de una infracción administrativa, dando lugar a la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos, o que participó en la celebración del contrato a sabiendas de tal ilicitud.

 

b)       La expresión "salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de derivados de cobertura financiera del proyecto" contenida en el numeral 4 del inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE.

 

Segundo. - Declarar INEXEQUIBLES los incisos segundo, tercero y cuarto de del parágrafo 2º del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018.

 

 

 

Boletin No. 23

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