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Boletin No. 08
Resumen: CORTE CONSTITUCIONAL - COMUNICADO DE PRENSA # 04

BOLETIN No. 8

 

 

COMUNICADO No. 04

Febrero 13 y 14 de 2019

 

LA AUSENCIA DE PERTINENCIA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS FORMULADOS, NO PERMITIÓ A LA CORTE PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE REGULAN EL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES DESTILADOS, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA

 

I. EXPEDIENTE D-12735 - SENTENCIA C-052/19 (febrero 13) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Norma acusada

 

LEY 1816 DE 2016 (diciembre 19) Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al  consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. El objeto del monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados es el de obtener recursos para los departamentos, con una finalidad social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud y al de garantizar la protección de la salud pública.

 

PARÁGRAFO. Para todos los efectos de la presente ley, se entenderá que el monopolio rentístico de licores destilados versará sobre su producción e introducción. Cada Departamento ejercerá el  monopolio de distribución y comercialización respecto de los licores destilados que produzca directamente.

 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y FINALIDAD. El monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados en los términos de la presente ley. [...]

 

ARTÍCULO 4o. EJERCICIO DEL MONOPOLIO. Las asambleas departamentales, por iniciativa del gobernador sustentada en un estudio de conveniencia económica y rentística, decidirán si ejercen o no el monopolio sobre la producción e introducción de los licores destilados, de acuerdo con las normas consignadas en la presente ley. Dicho estudio de conveniencia económica y rentística deberá establecer con claridad las ventajas que el departamento obtiene de su ejercicio. La gobernación podrá elaborar directamente el estudio cumpliendo con el lleno de los requisitos o podrá contratar la elaboración del mismo con un tercero.

 

Si deciden no ejercer el monopolio sobre los licores destilados, estos serán gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. El departamento no podrá, frente a los licores destilados, permanecer en el régimen de monopolio y en el régimen impositivo de manera simultánea.

 

La decisión de establecer un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

 

En los departamentos que a la fecha de expedición de la presente ley se ejerza el monopolio no se requerirá pronunciamiento de la Asamblea sobre la decisión de ejercer o no el monopolio. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de las Asambleas de decidir sobre los demás asuntos a los que se refiere esta ley. [...]

 

ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO POR LOS DEPARTAMENTOS. Además de los principios que rigen toda actividad administrativa del Estado establecidos en el artículo 209 de la C. P., el ejercicio del monopolio se regirá de manera especial por los siguientes principios:

 

1.Objetivo de arbitrio rentístico y finalidad prevalente. La decisión sobre la adopción del monopolio y todo acto de ejercicio del mismo por los departamentos deben estar precedidos por los criterios de salud pública y obtención de mayores recursos fiscales para atender la finalidad social del monopolio asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud de su competencia.

 

2.No discriminación, competencia y acceso a mercados. Las decisiones que adopten los departamentos en ejercicio del monopolio no podrán producir discriminaciones administrativas en contra de las personas públicas o particulares, nacionales o extranjeras, autorizadas para producir, introducir y comercializar los bienes que son objeto del monopolio de conformidad con la presente ley.

 

Así mismo, tales decisiones no podrán producir barreras de acceso ni restricciones al principio de competencia, distintas a las aplicadas de manera general por el departamento en ejercicio del monopolio de introducción.

 

ARTÍCULO 7o. MONOPOLIO COMO ARBITRIO RENTÍSTICO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LICORES DESTILADOS. Los departamentos ejercerán el monopolio de producción de licores destilados directamente, que incluye la contratación de terceros para la producción de licores destilados y alcohol potable con destino a la fabricación de licores sobre los cuales el departamento contratante ostente la titularidad de la propiedad industrial.

 

También podrán permitir temporalmente que la producción sea realizada por terceros mediante la suscripción de contratos adjudicados mediante licitación pública, en los términos del artículo 8o de la presente ley. [...]

 

ARTÍCULO 17. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. Los departamentos que ejerzan el monopolio sobre la producción e introducción de licores destilados percibirán derechos de explotación derivados de la  autorización a terceros para la producción y/o introducción de licores destilados en los términos previstos en la presente ley.

 

Los derechos de explotación sobre la producción serán los resultantes del proceso licitatorio definido en el artículo 8o. de la presente ley. [...]

 

Decisión

 

DECLARARSE INHIBIDA, por ineptitud sustancial de la demanda, para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1, así como de los artículos 2 (parcial), 4 (parcial), 6 numeral 2, 7 (parcial) y 17 (parcial), de la Ley 1816 de 2016 "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones".

 

 

ESTABLECER EN CABEZA DE LOS MUNICIPIOS LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR CONSULTAS POPULARES CUANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE NATURALEZA TURÍSTICA, MINERA O DE OTRO TIPO, AMENACE CON CREAR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL USO DEL SUELO, QUE DÉ LUGAR A UNA TRANSFORMACIÓN EN LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DE UN MUNICIPIO, DESCONOCE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL Y LA RESERVA DE LEY ORGÁNICA

 

II. EXPEDIENTE D-12324 AC - SENTENCIA C-053/19 (febrero 13) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

Norma acusada

 

LEY 136 DE 1994 (junio 2) Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios

 

ARTÍCULO 33. USOS DEL SUELO. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

 

PARÁGRAFO. En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

 

Decisión

 

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

 

 

LA PROHIBICIÓN DE CIERTOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LOS CUALES COMPORTAN MEDIDAS POLICIVAS, NO VULNERA EL DEBIDO PROCESO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y NON BIS IN ÍDEM. DE OTRO LADO, LA CORTE DETERMINÓ QUE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS POR EL NO PAGO DE LAS MULTAS QUE ACARREAN LAS INFRACCIONES POLICIVAS, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

 

III. EXPEDIENTE D-12326 - SENTENCIA C-054/19 (febrero 13) M.P. Diana Fajardo Rivera

 

Norma acusada

 

LEY 1801 DE 2016 (julio 29) Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

 

ARTÍCULO 92. COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

 

1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes.

 

[...]

 

6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del lugar.

 

[...]

 

10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.

 

[...]

 

12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación.

 

[...]

 

16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

 

[...]

 

PARÁGRAFO 2o. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

 

COMPORTAMIENTOS     MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR

 

Numeral 1        Multa General tipo 2; Destrucción de bien; Suspensión temporal

 

Numeral 6        Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.

 

Numeral 10      Multa General tipo 2; Suspensión temporal de actividad.

 

Numeral 12      Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad.

 

Numeral 16      Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.

 

[...]

 

ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:

 

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

 

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.

 

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

 

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

 

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

 

Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4.

 

PARÁGRAFO. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el artículo 100, numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.

 

Decisión

 

Primero. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo por los cargos dirigidos contra el numeral 12 y el parágrafo 2°, en su numeral 12, del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, "[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".

 

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los numerales 1, 6, 10 y 16 y el parágrafo 2°, en sus numerales 1, 6, 10 y 16, del artículo 92, de la Ley 1801 de 2016, "[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", en relación con los cargos analizados en esta Sentencia.

 

Tercero. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo por los cargos dirigidos contra el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, salvo respecto de los planteados contra sus numerales 4 y 5, los cuales se declaran EXEQUIBLES, en relación con los cargos analizados en esta Sentencia.

 

 

EXISTENCIA DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DECLARADOS EXEQUIBLES EN LA SENTENCIAC-130/18. DE OTRA PARTE, LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UN FALLO DE FONDO SOBRE OTROS ASPECTOS DE ESTE IMPUESTO, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA

 

IV. EXPEDIENTE D-12155 - SENTENCIA C-055/19 (febrero 13) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Norma acusada

 

LEY 1819 DE 2016 (diciembre 29) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones

 

ARTÍCULO 349. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Los municipios y distritos podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adoptar el impuesto de alumbrado público. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto predial.

 

El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y distritales.

 

Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán principio de consecutividad con el hecho generador definido en el presente artículo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia.

 

PARÁGRAFO 1o. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido en el presente artículo, por establecer, con destino al servicio de alumbrado público, una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

 

Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado para lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las facultades de fiscalización, para su control, y cobro.

 

PARÁGRAFO 2o. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la autonomía y las competencias de los entes territoriales.

 

ARTÍCULO 350. DESTINACIÓN. El impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado.

 

PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos.

 

ARTÍCULO 351. LÍMITE DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. En la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación  de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio.

 

Decisión

 

Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-130 de 2018, en la cual se declaró EXEQUIBLE (i) la expresión "en la determinación del impuesto" contenida en el parágrafo 2° del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016; y (ii) los apartes "exclusivamente" del artículo 350 y "de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio" del artículo 351, ambos de la Ley 1819 de 2016.

 

Segundo. DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse por ineptitud sustancial de la demanda, sobre la constitucionalidad de: (i) la expresión "el beneficio por" contenida en el inciso segundo del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, por la vulneración del artículo 338 de la Carta; (ii) la expresión "exclusivamente" contenida en el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, por la vulneración del artículo 352 Superior; y (iii) los artículos 349, parágrafo 2° (parcial), 350 (parcial) y 351 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por la vulneración al artículo 1° Superior.

 

 

LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO APLICABLE A LAS VENTAS POR CORREO, CATÁLOGO, TELEVENTAS, COMPRAS EN LÍNEA Y VENTAS ELECTRÓNICAS PREVISTA EN LAS NORMAS DEMANDADAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CERTEZA, NI LA EQUIDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA

 

V. EXPEDIENTE D-12418 - SENTENCIA C-056/19 (febrero 13) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

Norma acusada

 

LEY 1819 DE 2016 (diciembre 29) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones

 

ARTÍCULO 343. TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas:

 

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero señaladas en el artículo 211 del Decreto ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios previstas en la Ley 383 de 1997.

 

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo.

 

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

 

a)   Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren;

 

b)  Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida;

 

c)  Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía;

 

d)   En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones.

 

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

 

a)  En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona;

 

b)  En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato;

 

c)  En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este literal entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2018.

 

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida.

 

Decisión

 

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los literales b) y c) contenidos en el numeral 2o. del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016.

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL "ACUERDO PARA CREAR EL FONDO DE COOPERACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO" Y LA LEY 1897 DE 2018, APROBATORIA DEL MISMO, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL COMO MATERIAL

 

VI. EXPEDIENTE LAT-451 - SENTENCIA C-057/19 (febrero 13) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

Norma objeto de revisión

 

LEY 1897 DE 2018 (junio 7) Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico", suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013

 

Decisión

 

Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1897 de 2018, "Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico", suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

 

Segundo. Declarar EXEQUBLE el "Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico", suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE LA ALCALDÍA DE CHINÁCOTA NO VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE AL DEBIDO PROCESO, TRABAJO (EN CONEXIÓN CON EL MÍNIMO VITAL) Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (EN RELACIÓN CON LA LIBERTAD DE EMPRESA) Y EN CONSECUENCIA NEGÓ EL AMPARO SOLICITADO

 

VII. EXPEDIENTE T-5.872.661 - SENTENCIA SU-062/19 (febrero 14) M.P. Carlos Bernal Pulido

 

Decisión

 

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el Expediente T-5.872.661.

 

Segundo. REVOCAR la sentencia del 26 de julio de 2016, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chinácota, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Nelcy Esperanza Delgado Ramírez en contra del municipio de Chinácota y la Inspección de Policía del mismo municipio, para, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado.

 

 

 

Boletin No. 08

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