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Boletin No. 30
Resumen: Comunicado de Prensa No. 30

BOLETIN No. 30

 

 

COMUNICADO No. 42

Octubre 17 de 2018

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL REITERÓ LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) EN LOS TRES CASOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA C-355 DE 2006. DE IGUAL MODO, REAFIRMÓ EL DEBER DE ELIMINAR LAS BARRERAS QUE LAS MUJERES TIENEN EN EL SISTEMA DE SALUD PARA ACCEDER A DICHO PROCEDIMIENTO Y EXHORTÓ AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, REGULE LA MATERIA

 

EXPEDIENTE T 6612909 - SENTENCIA SU-096/18 (octubre 17) M.P. José Fernando Reyes Cuartas

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó la decisión de instancia, en cuanto declaró carencia actual de objeto de protección por la vía del amparo constitucional sobre el cual pronunciarse, dado que la medida provisional solicitada para que se le aplicara de manera urgente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ordenada por el médico tratante y autorizada por Compensar EPS, por las causales de (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; y (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, llevó a concluir que no había orden de protección a impartir. En el presente caso, la medida provisional obedeció a que a la accionante se sometió a varios exámenes y trámites, que implicaron una demora desproporcionada en el cumplimiento de la orden médica del servicio de aspiración al vacío del útero para terminación del embarazo expedida el 20 de diciembre de 2017, que se negaron a prestar las IPS a la cuales fue remitida, a pesar de que se cumplían las condiciones para prestar de manera oportuna dicho servicio.

 

Para la Corte, el juez constitucional puede tomar por excepción medidas cautelares no reversibles, en situaciones extremas en las que estén en peligro derechos fundamentales que requieran de medidas de protección urgentes -como la realización de una cirugía-. A su juicio, en el presente proceso, juez de tutela valoró de manera razonable los elementos de juicio de que disponía al momento de admitir la acción de tutela para adoptar la medida provisional en mención, en aras de proteger los derechos de la accionante.

 

La Corte advirtió que aún después de doce años y a pesar de la claridad de las reglas establecidas en la sentencia C-355 de 2006 (que despenalizó el aborto en tres situaciones específicas, dos de las cuales tuvieron lugar en el caso concreto), existe todo tipo de trabas y barreras para que las mujeres que solicitan acceso a la IVE no puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas, con consecuencias irreversibles o que obligan a que se practique en forma indebida con grave peligro para su salud, teniendo que acudir a la acción de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atención debida,. Esta situación implica, un evidente incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado colombiano como lo ha observado la Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma la práctica de la IVE, en los casos permitidos.

 

Entre otras consideraciones, en esta sentencia la Corte hizo énfasis en la importancia del certificado médico (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; y (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y en particular, se remarcan las necesidades de: (1) establecer protocolos de diagnóstico y acompañamiento integral respecto de posibles peligros a la salud mental de las mujeres embarazadas que puedan configurar una causal de IVE; y (2) establecer protocolos de información y acompañamiento a mujeres embarazadas, cuando de los exámenes médicos se detecte que el nasciturus puede padecer de algún tipo de malformación.

 

La Corte Constitucional reitera los lineamientos establecidos en la sentencia C-355 de 2006, sin ir más allá de las causales previstas en esta providencia para aplicar la IVE y de las condiciones dispuestas para ello. Al mismo tiempo, exhortó al Congreso de la República para que en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule la materia.

 

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