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VIERNES, 20 de Septiembre de 2019  
 
Requisito Examen Idoneidad para Estudiantes de Facultades de Derecho
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EL REQUISITO DE APROBAR UN EXAMEN DE ESTADO COMO REQUISITO DE IDONEIDAD PARA AL EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO, EXIGIDO A LOS ESTUDIANTES QUE INICIEN LA CARRERA DE DERECHO DESPUÉS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 1905 DE 2018, CONSTITUYE UNA MEDIDA IDÓNEA Y CONDUCENTE PARA LA FINALIDAD DE LA NORMA LEGAL QUE NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD VI. EXPEDIENTE D-12849 - SENTENCIA C-138/19 (marzo 28) M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

1. Norma acusada LEY 1905 DE 2018 (junio 28) Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley Artículo 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación. [...]

 

2. Decisión Declarar EXEQUIBLE el artículo 2 de la Ley 1905 de 2018, por el cargo analizado en la presente decisión.

 

3. Síntesis de la decisión

 

El demandante solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 1905 de 2018, en el entendido de que el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión no solo afecte a los estudiantes de las facultades de Derecho que se van a graduar o inicien sus estudios de forma posterior a la fecha de vigencia de la ley, sino también a los que ya se graduaron.

 

De no hacerlo de esta forma, en opinión del demandante se presentaría una vulneración a lo dispuesto en el artículo 13 (derecho a la igualdad) de la Constitución. La Sala Plena consideró que la demanda reunía los requisitos de aptitud requeridos por la jurisprudencia, y en consecuencia, procedió a realizar un análisis de fondo del cargo de igualdad formulado por el demandante. Para tal fin, reiteró su jurisprudencia en el juicio integrado de igualdad, dando aplicación a un juicio intermedio, al evidenciar que podría haber una presunta vulneración o afectación al goce de la libertad y derecho fundamental a escoger profesión y oficio previsto en el artículo 26 Superior.

 

En el desarrollo del mencionado juicio, la Corte consideró que (i) la disposición demandada se orienta a conseguir un propósito constitucionalmente importante; y (ii) el medio elegido por el legislador es efectivamente conducente para alcanzar dicha finalidad. En desarrollo de dichas conclusiones, el Tribunal recordó el papel que cumple el abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como también la importancia del control que respecto del ejercicio de esa profesión deben llevar a cabo las autoridades públicas, en búsqueda del interés general y la protección de los derechos de terceros. De esta forma, en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger profesión u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social.

 

Ello es así, justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado Comunicado No. 10. Corte Constitucional. Marzo 27 y 28 de 2019 14 o irresponsable de la profesión, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia, así como también, poner en entredicho la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe.

 

Finalmente, en cuanto a la vigencia de la norma demandada, encontró la Corte plenamente ajustado a la Constitución que el requisito de idoneidad sea aplicable exclusivamente a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación. Lo anterior, por cuanto, al tratarse del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, el momento en que el derecho debe ser protegido, frente al evento del tránsito legislativo, coincide con aquel en que se han cumplido las hipótesis fácticas de la ley anterior, de tal modo que pueda hablarse de una situación jurídica consolidada, la cual se presenta en este caso frente a estudiantes que cursan la carrera de derecho o que han culminado sus estudios sin que hubiesen obtenido la habilitación para ejercer la profesión de abogado.

 

Las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera, y los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos, se reservaron la presentación eventual de aclaración de su voto.

 


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