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MIERCOLES, 22 de Mayo de 2019  
 
Concepto Juridico Minhacienda P.L. 24 de 2017- Cobro de derechos de grado, derechos complementarios
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se regula el cobro de derechos de grado, derechos complementarios y se dictan otras disposiciones

1.1. Oficina Asesora de Jurídica

Bogotá, D. C

Honorable Congresista

ERNESTO MACÍAS TOVAR

Senado

Congreso de la República

Carrera 7 N° 8-62

Bogotá, D. C.

Asunto: Comentarios a la ponencia para segundo debate del Proyecto de ley número 24 de 2017 Senado, por medio de la cual se regula el cobro de derechos de grado, derechos complementarios y se dictan otras disposiciones.

Respetado Presidente:

De manera atenta se presentan los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la ponencia para segundo debate al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:

El proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto regular los derechos de grado que cobran las instituciones de educación superior (en adelante IES) con el fin de que el valor de los derechos de grado se límite exclusivamente al valor real de la reproducción física del diploma.

Al respecto, el artículo 1° de la iniciativa señala:

"Artículo 1°. El Derecho de Grado, es un derecho inherente al logro académico alcanzado derivado de la culminación del ciclo de formación; su valor no podrá superar el costo real de la producción física del diploma con las medidas de seguridad y protección debidas.

No podrá exigirse dentro del costo educativo de derecho a grado obligaciones pecuniarias para la financiación de actos ceremoniales.

Lo anterior, sin perjuicio de la gratuidad educativa en las instituciones estatales de educación preescolar, primaria, secundaria".

Frente a la propuesta del proyecto de ley, es importante tener en cuenta que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria, cuyo fundamento reside en "la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo y financiero del ente educativo"27 y cuyo ámbito abarca la posibilidad de estos establecimientos de "(...) (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (iv) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (v) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos (vi) administrar sus propios bienes y recursos (...)"28. (Subrayas fuera del texto).

Así las cosas, en cuanto al cobro de derechos pecuniarios, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que "no es cierto que esté prohibido constitucionalmente a las universidades el cobro de derechos académicos, ni que éstos deban ser gratuitos, pues la Carta permite que aún en el sector público se pueda exigir pago, pero solamente a quienes tienen capacidad económica; con mayor razón, la retribución esté justificada en el sector privado, donde se la considera como debida contraprestación por el servicio educativo desplegado por particulares"29. Por ejemplo, señaló frente a la posibilidad de cobrar valores adicionales en las matrículas que "(...) la institución educativa superior, en ejercicio de su autonomía, puede aprobar matrículas extraordinarias, si esa decisión se encuentra justificada objetivamente (...)"30.

De forma que, limitar el cobro de los derechos de grado podría ser contraria a la autonomía universitaria contemplada en el artículo 69 de la Carta Política.

Adicionalmente, la medida eliminaría la posibilidad de que las IES perciban recursos por concepto de derechos de grado, afectando así su sostenibilidad financiera y provocando una mayor presión de gasto en los recursos que el Gobierno nacional les aporta, lo que podría generar costos que no se encuentran contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2018 ni 2019, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector. En este punto, cabe resaltar la exigencia que hace el artículo 7° de la Ley 819 de 200331 de incluir en todo proyecto de ley la fuente de financiamiento sustituta o adicional de los costos que genere la propuesta normativa, lo cual pasa por alto el proyecto del asunto.

En razón de lo expuesto, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley del asunto, no sin antes manifestar muy atentamente la voluntad de colaborar con la actividad legislativa en términos de responsabilidad fiscal vigente.

Cordialmente,

Con copia: honorable Senadora Sandra Elena Villadiego Villadiego, ponente

Honorable Senadora Nadia Blef Scaff - Autora

Doctor Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado, para que obre en el expediente.

 

 

 

27 Corte Constitucional. Sentencia 0-810 de 2003. M.P Eduardo Montealegre Lynett.

28 Corte Constitucional. Sentencia C-162 de 2008. M.P Humberto Antonio Sierra Porto.

29 Corte Constitucional. Sentencia C-654 de 2007. M.P Nilson Pinilla Pinilla.

30 Corte Constitucional. Sentencia T 310 de 1999. M.P.

31 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

 


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